Hay fracasos políticos que tardan años en hacerse visibles. No aparecen cuando se aprueba un PAI, se concede una licencia o se presenta una promoción como ejemplo de modernidad. Aparecen después, cuando una persona joven intenta emanciparse y descubre que ya no puede vivir en el pueblo donde nació.
Eso es lo que está ocurriendo con la vivienda en Quart de Poblet.
En pocos meses, 738 viviendas destinadas al alquiler estarán concentradas en grandes operaciones inmobiliarias. Un fondo de inversión ha adquirido un complejo de 147 viviendas, construido en 2022 y completamente alquilado, mientras otras 591 viviendas build to rent se preparan para salir al mercado en Molí d’Animeta.
Se habla de alquiler “asequible”, pero unos precios medios cercanos a los 1.500 euros mensuales no son asequibles para la inmensa mayoría de los jóvenes y las familias trabajadoras de Quart. Son asequibles para empresas, rentas altas y un mercado corporativo internacional, pero no para quienes cobran un salario normal y quieren continuar viviendo en su municipio.
¿Asequible para quién?
Si atribuimos un valor medio aproximado de 200.000 euros a cada inmueble, hablamos de un patrimonio residencial próximo a los 148 millones de euros. El negocio ha sido extraordinario para los promotores, los inversores y los fondos que han descubierto en Quart una oportunidad de elevada rentabilidad.
Pero estas operaciones no han resuelto el problema de la vivienda en Quart de Poblet. Al contrario, están contribuyendo a disparar el mercado y a consolidar unos precios que expulsan a la población local.
Por eso debemos llamar a las cosas por su nombre. Lo que se presentó como un gran desarrollo urbano, y contra lo que votamos desde Compromís, amenaza con convertirse en uno de los mayores pelotazos inmobiliarios de la historia reciente de Quart.
Se trata de una operación de enorme valor económico sobre los últimos grandes suelos residenciales del municipio, sin que su resultado haya garantizado vivienda accesible para nuestros jóvenes.
Un modelo urbanístico que ha fracasado
El equipo socialista liderado por Carmen Martínez y Bartolomé Nofuentes gobernó Quart de Poblet entre 1999 y 2023. Nofuentes, además, continuó al frente del área de Urbanismo hasta octubre de 2025. Durante esa larga etapa se diseñó, impulsó y gestionó el modelo urbanístico cuyas consecuencias comprobamos ahora.
No es un ataque personal. Es la exigencia de responsabilidades políticas por un modelo que prometió crecimiento y oportunidades, pero que ha agotado una parte esencial del suelo disponible sin asegurar un futuro residencial para las nuevas generaciones.
Es, a todas luces, un fracaso político.
Quart prácticamente se ha quedado sin grandes solares para nuevos desarrollos. La oportunidad histórica que representaba Molí d’Animeta difícilmente volverá a repetirse. Las futuras generaciones ya no dispondrán de sectores similares en los que promover vivienda nueva y verdaderamente asequible.
Tendrán que competir por una oferta limitada y cada vez más cara, alquilar habitaciones en lugar de viviendas completas, abandonar Quart o comprar pisos construidos durante los años sesenta y setenta.
Muchas de esas viviendas presentan deficiencias de aislamiento, accesibilidad, eficiencia energética o conservación y necesitan reformas que tampoco están al alcance de cualquier familia.
Ese es el verdadero balance: un municipio con centenares de viviendas nuevas, pero sin una solución para que sus propios hijos puedan quedarse a vivir en él.
Las grúas no garantizan el derecho a la vivienda
El éxito de una política urbanística no se mide por el número de grúas, las licencias concedidas o los millones movilizados. Se mide por si una persona joven puede trabajar, emanciparse, formar una familia y continuar viviendo en su pueblo.
Y en esa prueba el modelo ha fracasado.
Muchos jóvenes de Quart ya han sido expulsados por los precios. No porque no quieran vivir aquí, sino porque no pueden competir con alquileres pensados para rentas muy superiores a las habituales.
Algunos permanecen durante años en casa de sus padres. Otros se marchan a municipios donde todavía encuentran precios algo menos inasumibles. Quienes consiguen quedarse dedican una parte desproporcionada de sus ingresos a pagar la vivienda.
Una política de vivienda que obliga a elegir entre compartir piso, endeudarse durante décadas o abandonar el municipio no puede presentarse como un éxito.
PP y Vox bloquean la declaración de zona tensionada
La responsabilidad, sin embargo, no termina en el anterior equipo de gobierno municipal del PSOE.
Cuando la realidad exige intervenir, el gobierno valenciano del PP y Vox se niega a declarar Quart de Poblet como Zona de Mercado Residencial Tensionado. Bloquea así una herramienta legal destinada a proteger a los inquilinos y a contener los efectos de un mercado disparado.
Al mismo tiempo, el Consell ha elevado el precio máximo de la vivienda protegida hasta cifras próximas a los 2.400 euros por metro cuadrado. Es decir, no solo rechaza intervenir sobre el alquiler privado, sino que encarece también la vivienda que debería actuar como alternativa accesible.
Unos dejaron el problema. Otros se niegan a solucionarlo y, además, lo agravan.
Investigar las ayudas públicas a las promociones
Compromís impulsó la solicitud de declaración de zona tensionada y continuará reclamándola. En el próximo pleno volveremos a exigir que Quart de Poblet pueda utilizar todos los instrumentos legales disponibles para contener el precio del alquiler.
También promoveremos una investigación política e institucional exhaustiva sobre las ayudas públicas, beneficios fiscales, avales, créditos bonificados y fondos europeos que hayan podido recibir las promotoras, sociedades y fondos vinculados a estas promociones build to rent.
Queremos conocer si se utilizaron recursos de los fondos Next Generation, programas europeos de vivienda, financiación pública o incentivos destinados a incrementar el parque de alquiler asequible.
Exigiremos los expedientes, las condiciones impuestas, las obligaciones asumidas y el grado de cumplimiento de la finalidad social que justificó cualquier apoyo público.
Si estas promociones recibieron recursos públicos para ofrecer vivienda asequible, la ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto dinero se concedió, qué compromisos se adquirieron y si los precios finales respetan realmente esa finalidad.
Compromís está en el gobierno para rectificar
Precisamente para eso Compromís está en el gobierno municipal: no para callar ni para asumir como propio el legado de veinticinco años, sino para ejercer control, exigir documentación y rectificar las políticas que han fracasado.
Y también para que se hagan políticas progresistas de verdad.
El actual equipo de gobierno ha recibido dos enormes responsabilidades: reconstruir Quart después de la DANA y reconstruir una política de vivienda devastada por la especulación.
No será sencillo, porque el suelo perdido no puede recuperarse y los errores urbanísticos tienen consecuencias durante décadas. Pero todavía se puede actuar sobre los precios, la vivienda pública, la rehabilitación, la protección de los inquilinos y la transparencia de las grandes operaciones inmobiliarias.
Porque si nuestros hijos solo pueden alquilar una habitación, comprar un piso antiguo que necesita una reforma inasumible o marcharse del pueblo donde nacieron, el supuesto éxito urbanístico ha sido, en realidad, un fracaso colectivo.
Y nos tocará arreglarlo.
Una política de vivienda en Quart de Poblet que expulsa a su juventud está expulsando también el futuro del municipio.
