Hay decisiones urbanísticas cuyo alcance real solo se entiende con el paso del tiempo. Los expedientes existen, los documentos están en los archivos municipales y los proyectos avanzan, pero a veces es cuando uno vuelve sobre ellos cuando empieza a comprender la dimensión de determinadas operaciones.
Eso es lo que está ocurriendo ahora con el desarrollo residencial de Molí d’Animeta, en Quart de Poblet.
En ese sector se han autorizado dos grandes promociones residenciales que suman 591 viviendas y una inversión de obra superior a 50 millones de euros. Una de 283 viviendas y otra de 308 viviendas, ambas con garajes, trasteros y zonas comunes con piscina.
Por su escala, estamos ante uno de los proyectos de vivienda en alquiler más importantes no solo de Quart de Poblet, sino también del área metropolitana de Valencia e incluso de la Comunitat Valenciana.
Las solicitudes de licencia para estas promociones se presentaron el 29 de junio de 2023, apenas unas semanas después de constituirse el actual Ayuntamiento tras las elecciones municipales. Eso significa que la preparación real de un proyecto de esta magnitud no se produjo en esta legislatura, sino que necesariamente se venía gestando con anterioridad.
Un proyecto de este tamaño no aparece de un día para otro. Antes de solicitar una licencia de obra suelen desarrollarse durante meses —y muchas veces durante años— reuniones técnicas, consultas urbanísticas, estudios de viabilidad y gestiones administrativas.
Durante la pasada legislatura, cuando Compromís no formaba parte del gobierno municipal, se produjeron, con seguridad, reuniones y consultas relacionadas con el desarrollo del sector Molí d’Animeta. Es normal. Lo que ahora resulta necesario aclarar es qué alcance tenían realmente esas consultas y si en ese momento ya se conocía que el proyecto podía convertirse en uno de los mayores desarrollos de vivienda en alquiler institucional de la Comunitat Valenciana.
Los documentos municipales a nuestro alcance, autorizan la construcción de los edificios, pero como suele ocurrir en este tipo de licencias urbanísticas, no especifican el régimen de explotación de las viviendas, es decir, si estarán destinadas a venta o alquiler ni cuáles serán las condiciones de acceso.
Sin embargo, diversas informaciones publicadas en medios especializados del sector inmobiliario describen el proyecto como una operación vinculada al modelo conocido como build to rent, (BTR), promociones concebidas desde el inicio para ser explotadas en alquiler institucional por grandes operadores.
Según esas informaciones, el desarrollo estaría vinculado a inversiones impulsadas por fondos internacionales como Harrison Street y DeA Capital.
Harrison Street es un fondo de inversión estadounidense especializado en activos inmobiliarios destinados al alquiler y con miles de millones de euros bajo gestión en distintos países. DeA Capital, por su parte, es una gestora italiana de inversiones inmobiliarias vinculada al grupo De Agostini que participa en grandes operaciones residenciales en Europa. Este tipo de fondos desarrollan edificios completos destinados al alquiler institucional que posteriormente pasan a formar parte de grandes carteras inmobiliarias internacionales.
En este modelo la vivienda no es solo un desarrollo residencial, sino también un activo financiero dentro de grandes carteras de inversión inmobiliaria. Y precisamente por eso resulta importante aclarar qué condiciones tiene este proyecto y qué impacto puede tener en el acceso a la vivienda en Quart de Poblet.
Porque la cuestión central no es solo quién construye las viviendas, sino a qué precio se alquilarán.
Si finalmente estas promociones se destinan al alquiler institucional, es imprescindible conocer cuáles serán los precios de los arrendamientos. Si esos precios se sitúan muy por encima de la capacidad económica de muchas familias del municipio, el efecto puede ser el contrario al que se necesita: aumentar la presión sobre el mercado local del alquiler en lugar de aliviarla.
Además, proyectos de esta magnitud pueden alterar de forma significativa el mercado residencial de un municipio. Si casi seiscientas viviendas de alquiler entran en el mercado sin criterios de vivienda asequible, existe el riesgo de que se atraiga demanda externa y se tensionen aún más los precios del alquiler en Quart.
No sería la primera vez que ocurre algo parecido. En el municipio ya se ha vivido una experiencia reciente con el desarrollo de 147 viviendas en la zona de la Gran Manzana, cuya incorporación al mercado residencial ha tenido efectos visibles en el entorno. Han roto el mercado con alquileres que llegaban a los 1.500 euros mensuales.
Por eso la cuestión clave no es solo urbanística, sino también financiera.
Desde el grupo municipal de Compromís hemos decidido abrir una investigación política para aclarar todas las condiciones de este proyecto. Queremos saber si estas promociones se han beneficiado de fondos públicos, beneficios fiscales, préstamos del ICO o financiación vinculada a los fondos europeos Next Generation, programas impulsados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para promover vivienda en alquiler asequible.
También queremos conocer quiénes son los inversores finales del proyecto y qué estructura empresarial se encuentra detrás de las sociedades promotoras que aparecen en los expedientes urbanísticos.
Por ese motivo se han registrado preguntas parlamentarias dirigidas al Gobierno de España y también se solicitarán explicaciones a la Generalitat Valenciana.
Si finalmente se confirma que este desarrollo ha recibido algún tipo de financiación pública o apoyo institucional, será necesario saber qué condiciones se establecieron para garantizar que esas casas contribuyan realmente a facilitar el acceso a la vivienda.
Y si los precios del alquiler resultan finalmente desorbitados para la realidad social del municipio, también habrá que analizar qué decisiones políticas permitieron que un desarrollo de esta magnitud no sirva para resolver el problema de la vivienda en Quart de Poblet.
Solo con transparencia y explicaciones claras podremos asegurar que los grandes desarrollos urbanísticos del municipio respondan realmente a las necesidades de Quart y de su vecindario.
Las 591 viviendas de Molí d’Animeta forman ya parte del futuro de Quart. Precisamente por eso creemos que la ciudadanía merece saber quién financia el proyecto, quién obtendrá los beneficios y a qué precio se alquilarán esas viviendas.
